La Junta de Castilla y León, a través del portal de participación ciudadana, ha sacado a información el proyecto para la elaboración de un decreto que modifique el 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título IV, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León, y que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Junta de Castilla y León. Al parecer, la incorrecta realización del trámite de información pública del anterior decreto fue el argumento que ha hecho suyo el tribunal de los que aducía en su recurso para anular el decreto.

Según el tribunal, el preceptivo trámite de audiencia «fue menor de los 15 días establecidos por la norma», sin que en el juicio se motivara la necesidad y urgencia de acortar tales plazos, ni tampoco «graves razones de interés público» que justificasen reducir el periodo de exposición al público.

Sucesivas reformas

Las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, que ha sido objeto de desarrollo reglamentario desde su entrada en vigor. Dicha norma ha sido objeto de sucesivas modificaciones, siendo la más reciente la introducción del artículo 20bis, Fondo de Gestión de las Reservas Regionales de Caza, por la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. En materia de terrenos cinegéticos –las reservas regionales de caza están contempladas como tales en virtud de los artículos 19 y 20 de la citada Ley – fue aprobado el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título IV «de los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, reglamento de desarrollo en ejercicio de la habilitación contenida en su disposición final primera. Transcurrido tiempo desde su aprobación, y al objeto de actualización del marco normativo y regulatorio referente al funcionamiento de las reservas regionales de caza, dicho Decreto fue objeto de modificación a través del Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, el cual fue anulado mediante Sentencia nº 2579, de 12 de noviembre 2015, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid (sentencia no firme). Procede, por tanto, la necesidad de aprobar un nuevo decreto que sustituya el anulado y que regule lo expuesto anteriormente.

FUENTE: http://www.diariodeleon.es