La Secretaría de Ambiente de la Provincia dictaminó que los palomeros tienen dos años para reemplazar su tradicional perdigón de plomo. La resolución liquida una discusión que lleva por lo menos 12 años. Si bien hay diferencias respecto del grado de afectación, no hay duda de que la caza de palomas contamina el aire y los suelos.

En el territorio provincial, y a partir del registro que se creó en 2012, se sabe que hay entre 200 y 300 hectáreas declaradas como campos de caza. Por el uso de la munición de plomo, esas superficies tienen parámetros de contaminación equivalentes a una zona industrial.

Los números oficiales alcanzan para dimensionar el problema: según la Cámara de Turismo Cinegético, año tras año pasan por Córdoba unos ocho mil cazadores. Cada uno puede llegar a disparar unos dos mil cartuchos diarios, aunque el promedio se ubica en unos 700. Estamos hablando de millones de disparos. Como cada cartucho contiene unos 26 gramos de plomo, los campos afectados a la actividad reciben unas 378 toneladas de plomo por año.

Con todo, la caza tiene sus beneficios. Por un lado, ayuda a combatir la plaga de la paloma, que daña seriamente las cosechas de sorgo, maíz y soja. Por el otro, representa una fuente de ingresos para un número importante de personas y de empresas.

En consecuencia, no tiene sentido prohibirla o exigirle una sustitución inmediata y total de la munición tradicional. La reforma gradual, una vez más, es el camino indicado. Pauta el cambio reclamado y da un plazo a los sectores implicados para que se adapten al nuevo cuadro legal.

Sin duda, necesitamos que la medida se haga realmente efectiva en el plazo previsto y que el Estado demuestre desde ahora su capacidad para imponer en la práctica su dictamen. Porque, en el rubro medioambiental, la Provincia tiene demasiados frentes abiertos y no ha demostrado en ninguno de ellos que cuente con un eficaz poder de control.

Los ejemplos sobran: el libre acceso a los cursos de agua, la protección del bosque nativo, la no contaminación de los ríos, la penalización de los canales de riego ilegales, etcétera.

En todos estos temas, también prioritarios, el orden legal no se cumple. O, para decirlo de otro modo, al infractor le suele convenir violarlo, ser sancionado y pagar la multa que le apliquen.

Dinamarca dejó de usar municiones de plomo hace 25 años. En 2014, en una conferencia internacional, más de 100 países se comprometieron a dejar de usarlas. Y, en la Argentina, el Consejo Federal de Medioambiente, que se reunió en Córdoba el mes pasado, declaró de interés la erradicación de estos perdigones en cualquier actividad deportiva. Entonces, lo que se pide es posible y razonable.