Dos ataques de lobo en menos de 24 horas han provocado la muerte de trece ovejas en una explotación en San Miguel de la Ribera (Zamora) y mantenido viva la polémica en torno a los cánidos en Castilla y León y, en especial, al sur del Duero, donde se trata de una especie protegida. Dado su «status», la Junta ha financiado recientemente medidas «preventivas», como perros guardianes y vallados en las zonas de montes, «pero todo esto no va a solucionar el problema, ni mucho menos», reconoció ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien insistió en la reclamación regional de que la UE cambie el régimen legal para que la conservación sea «gestionable» por la administración autonómica y puedan «evitarse» los daños a la ganadería. No se trata, dijo, de convertir a los ejemplares en «cazables», sino de la puesta en marcha de actuaciones que les alejen de la explotaciones, como el establecimiento de zonas de «exclusión».

Así, el consejero entendió que «la única solución es el cambio de régimen». Ello «nos permitiría gestionar el lobo con más flexibilidad y por tanto hacer zonas de exclusión donde no pueda estar», entendiendo que la especie «no puede coexistir con algo importante para Castilla y León como es la ganadería, que está en peligro con esta situación», dado que al no contar los cánidos con «comida natural de otras especies salvajes, lo que hace es comerse» a la ovejas, los terneros o los cerdos que se encuentren en el entorno.

Actualmente, la Junta de Castilla y León trabaja junto a las organizaciones profesionales agrarias en el diseño de este reclamado «régimen». En concreto, se estudia cómo se ejecutaría la gestión en el caso de que se les otorgara esa potestad de la que actualmente no se dispone por tratarse de una especie «estrictamente protegida» por la Unión Europea, lo cual Suárez-Quiñones consideró ayer que «es negativo para Castilla y León» porque «no tiene ningún sentido que del Duero hacia abajo tenga un régimen distinto que al norte -donde es cinegética la especie-» y porque la conservación es «absolutamente favorable con un número de manadas que garantiza ya no que no esté en vulnerabilidad o en peligro, sino que hay una expansión desmesurada, sobre todo en territorios donde no debe estar», en relación a comarcas de ganadería extensiva.

Las negociaciones con la Opas pretenden que la petición al Gobierno llegue con el aval del «consenso político» logrado en las Cortes y del voto a favor de los representantes del campo. Ayer mismo se mantuvo una reunión con estos colectivos y se están «ultimando flecos para que vayan con nosotros de la mano», expuso Suárez-Quiñones.

Todo ello con la premisa «clara» de que no se pretende, como así se había reclamado anteriormente, que se convierta el lobo en una especie cinegética como lo es al norte del Duero. «No va a ser comercializable, sino simplemente gestionable para evitar los daños a la ganadería», concluyó el consejero.

FUENTE:  www.abc.es