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En defensa de (algunas) especies exóticas invasoras

En defensa de (algunas) especies exóticas invasoras

Enviado por Tuslances.com el 16-06-2016

El Tribunal Supremo dio el pasado mes de marzo un puñetazo sobre la mesa y eliminó las medias tintas. Las especies invasoras o son dañinas y por tanto hay que erradicarlas o no son invasoras. Sin excepciones.
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Hay una guerra contra las especies invasoras desde hace años. Pero ahora la batalla no se le ha declarado sólo a los animales o plantas dañinas para los ecosistemas, sino que ha saltado a los tribunales, los despachos ministeriales e incluso a las calles, con una manifestación el pasado día 5 de junio que llevó a miles de pescadores, cazadores y representantes del mundo rural al centro de Madrid en protesta contra una sentencia del Tribunal Supremo que incluye en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras a la trucha arcoiris, la carpa, el lucio, el arruí -una cabra del Magreb-, el cangrejo rojo americano y otras muchas de interés cinegético o pesquero.

El problema parte de dos reales decretos de los años 2011 y 2013 que modificaron la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para incluir multitud de excepciones, generalmente incluidas a petición de comunidades autónomas por el interés económico de las especies, y que sacaron momentáneamente algunos de estos organismos exóticos de la lista de especies a controlar y en su caso erradicar. Para algunos grupos conservacionistas la legislación a demanda y según los intereses económicos de cada caso era algo intolerable, así que Ecologistas en Acción, SEO/Bird Life y AEMS-Ríos con Vida recurrieron contra el Real Decreto de agosto de 2013 que regulaba el Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras.

El Tribunal Supremo dio el pasado mes de marzo un puñetazo sobre la mesa y eliminó las medias tintas. Las especies invasoras o son dañinas y por tanto hay que erradicarlas o no son invasoras. Sin excepciones. El criterio general del Supremo es que el real decreto no podía modificar lo que imponía una norma de rango superior como la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esa ley sostiene que, de forma inexcusable, deben incluirse en el Catálogo «las especies que, por sus acreditadas características dañinas, lo merezcan, sin que sean admisibles objeciones».

«Entendimos que el Real Decreto de especies invasoras se modificó de forma arbitraria y poco rigurosa», asegura a este diario César Rodríguez, secretario general de la organización de pescadores AEMS-Ríos con Vida, una de las organizaciones que recurrieron al Supremo. «Las especies invasoras son la segunda causa más importante de la pérdida de biodiversidad», explica Juan Carlos Atienza, director de conservación de SEO/BirdLife, que también figura en la sentencia. "El objetivo no es tanto erradicar las especies invasoras, sino recuperar las especies autóctonas", dice Rodríguez.

Los pescadores aún pueden seguir capturando y soltando en los ríos españoles especies como el black bass, la carpa, el lucio o el siluro. Pero no lo podrán hacer a partir de la publicación de la sentencia del Supremo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que probablemente ocurra después de las elecciones del próximo 26 de junio. «El Tribunal Supremo le ha pedido ya dos veces al Ejecutivo que publique la sentencia en el BOE», asegura Atienza.

La Plataforma en Defensa de la Pesca -que integra las Reales Federaciones de caza y pesca y a los sectores económicos afectados y que convocó la movilización del pasado día 5 de junio- ha presentado hasta cuatro recursos ante esta sentencia, pero el Supremo los ha tumbado todos. Además, aún hay un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional que, si se llegase a admitir a trámite, todavía se tardarían años en tener una pronunciación al respecto.

Lo cierto es que los grupos que interpusieron el recurso han sido respaldados por la justicia y los pescadores no podrán realizar sueltas de trucha arcoíris ni pescar sin muerte las especies que estén en el catálogo ni capturar cangrejo rojo, una actividad que mueve 20 millones de euros en la marisma del Guadalquivir y de la que viven 5.000 familias, según datos de la Plataforma.

En ausencia de un listado de peligros potenciales

Después de que la modificación de la ley en 2013 eliminase el listado de especies potencialmente invasoras, la sentencia del Supremo no tiene ese instrumento para incluir especies, de modo que todas las que se consideran invasoras tienen que ir al catálogo independientemente de su potencial invasor y de la situación de sus poblaciones. "En el caso de la trucha arcoíris con los stocks actuales su potencial invasor era menor que otras especies. Pero ahora no pasa a ningún listado, sino al Catálogo directamente", explica César Rodríguez. "No es un problema fácil en absoluto. En Ríos con Vida tenemos que reflexionar sobre todo esto y ver cómo se le puede dar salida a situaciones como esta", dice.

Por supuesto, no hay debate en torno al efecto dañino de especies invasoras como la cotorra argentina, el mejillón cebra u otras especies de reciente llegada. «La carpa lleva cerca de 2.000 años en nuestros ríos, la trucha arcoíris, más de un siglo... plantearse la erradicación una vez que se han equilibrado nuestros ecosistemas es prácticamente inviable», afirma Agustí Albiol, coordinador general de la Plataforma en Defensa de la Pesca.

«La Unión Europea dice que se deben tener en cuenta los costes de la acción a emprender. En España, hay 1.200 embalses, olvida los ríos, si tenemos que sacar todas las carpas, lucios, siluros, luciopercas, truchas... valdría miles de millones de euros», opina Albiol. El impacto que calcula el sector de la pesca deportiva que podría tener la entrada en vigor de la sentencia del Supremo es de 1.500 millones de euros al año ya que el 95% de su actividad descansa sobre especies como la carpa o la trucha arcoíris, según datos de la Plataforma que estima que en España practican esta actividad 1,9 millones de personas y que el promedio de gasto anual de un pescador es de unos mil euros cada temporada. Por su parte, los piscicultores afirman que hay en juego 2.000 puestos de trabajo y una actividad de 500 millones de euros al año. «En algunos lugares, como en Mequinenza, la pesca deportiva es el principal motor económico del municipio con una actividad que ronda los ocho millones de euros. Si esto sigue adelante, algunos pueblos de esa zona van a volver a desaparecer», dice Albiol.

La reclamación de la Plataforma en Defensa de la Pesca es que se modifique la ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y que se tengan en consideración las especies alóctonas naturalizadas, una terminología que opera en otros mucho países europeos para este tipo de casos.

Aunque las competencias de la aplicación de esta normativa corresponden a las Comunidades Autónomas, fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aseguraron ayer a este diario que se convocó una reunión el pasado 19 de abril del Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras y que ya se está trabajando «en la búsqueda de soluciones que compatibilicen la protección del medio ambiente con la protección de la actividad y el empleo de las personas afectadas».

Un efecto que se notará mucho en la marisma del Guadalquivir debido a la prohibición de la pesca y venta del cangrejo rojo. Pero el efecto perverso con esta especie puede ir mucho más allá. «La explicación de la recuperación en Doñana de algunas especies como la nutria u otras muy amenazadas, como el morito, está precisamente en el cangrejo americano», afirma el prestigioso científico Miguel Ferrer, investigador de la Estación Biológica de Doñana del CSIC. «Las cosas casi nunca son tan sencillas», continúa Ferrer. No todo es malo o bueno. El aumento del cangrejo de río está teniendo también un efecto dramático sobre algunos anfibios o sobre la nada popular sanguijuela.

Para este experto su erradicación ya es imposible. «Sólo se podría erradicar con un ataque químico masivo que sería en fin del ecosistema de la marisma. Así que, en esas circunstancias, si evitamos que el pujante sector pesquero que contiene ahora la expansión de la especie continúe con su actividad, en la práctica estamos declarando al cangrejo rojo como especie protegida. A mí no me gusta que se convierta un pujante sector privado que nos ayuda a controlar la población de cangrejo y mantiene una zona especialmente deprimida en un servicio público que no aportará nada más allá de un gasto de dinero de todos», sentencia Miguel Ferrer.

 

FUENTE: http://www.elmundo.es


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