- La fecha límite será el 4 de diciembre de ese año. La caza deportiva y comercial en las fincas privadas de los parques nacionales de España estará terminantemente prohibida a partir del 4 de diciembre de 2020, salvo que las administraciones públicas y los propietarios de los terrenos lleguen antes de esa fecha a acuerdos voluntarios por los que los dueños serían indemnizados por no poder ejercer esa actividad.

Esta fecha límite queda establecida después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara este jueves, 4 de diciembre, la Ley de Parques Nacionales, que establece un plazo máximo de seis años a partir de la entrada en vigor de la norma para que estos espacios protegidos se adecuen a las prohibiciones recogidas en el propio texto, lo cual se cumplirá el 4 de diciembre de 2020.
Las actividades prohibidas en los parques nacionales son la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y comercial, la tala con fines comerciales; aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación y redes energéticas; las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura. La ley entra en vigor este viernes, de manera que los seis años se cumplirán el 5 de diciembre de 2020.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, señaló recientemente en un encuentro con periodistas que promoverá acuerdos voluntarios con los propietarios de fincas privadas en los parques nacionales para que no puedan cazar, pescar o talar, y calculó que el coste de las indemnizaciones para que los dueños pierdan estos derechos pueden superar los 300 millones de euros.
Destacó que su departamento irá “estudiando caso a caso” para que los dueños dejen de ejercer estos derechos a través de la formalización de acuerdos voluntarios o, en último caso, de la expropiación de esos usos prohibidos.

Ramos indicó que Medio Ambiente baraja “una horquilla muy variable” en el caso de que tenga que desembolsar indemnizaciones, que oscilan entre los 50 millones de euros y “cantidades superiores a los 300 millones”, si bien aseguró que no existe un “plan financiero” al respecto.
ÚNICO APOYO DEL PP

La Ley de Parques Nacionales fue aprobada definitivamente el pasado 20 de noviembre por el Congreso de los Diputados con el único apoyo del PP y el rechazo de todos los grupos de la oposición, que criticaron que en fincas privadas de estos espacios protegidos puedan realizarse hasta 2020 actividades prohibidas recogidas en la propia norma, entre ellas la caza.

El Congreso dio luz verde a todas las enmiendas incorporadas en el Senado, entre ellas la prórroga de las actividades prohibidas hasta 2020 y que el proceso de declaración de los parques nacionales debe contar con un diagnóstico de la accesibilidad para que estos lugares puedan ser utilizados por todas las personas.

Inicialmente, el Gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley asegurando que prohíbe la caza, la pesca y la tala comercial en estos espacios protegidos, y que garantiza su conservación con un nuevo modelo en el que el Estado coordina la red respetando la gestión de las comunidades autónomas, procura una gestión más participativa y abierta a la sociedad e integra en la gestión a los habitantes de los parques nacionales y de sus entornos, impulsando el desarrollo sostenible de estas poblaciones.

Además, el texto, que reforma la ley vigente, de 2007, incluye como novedad la posibilidad de intervención estatal en los parques nacionales, coordinada con las comunidades autónomas, en caso de catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro su riqueza natural y para evitar daños irreversibles.

POLÉMICA PARLAMENTARIA

Su llegada al Congreso concitó el rechazo no sólo de los grupos de la oposición, sino también de las principales organizaciones ecologistas, que alertaron de que el proyecto de ley dejaba la puerta abierta a la urbanización e incluía “excepciones a la carta” para fomentar actividades turísticas y económicas como la navegación en el Parque Nacional de Monfragüe y el vuelo sin motor en el de la Sierra de Guadarrama.
Sin embargo, la Cámara Baja aprobó una enmienda del PP que aclara que sólo los parques nacionales de Picos de Europa y de Monfragüe mantienen núcleos urbanos en su interior, que podrán someterse a planes y normas urbanísticas según lo dispuesto en las leyes declarativas de estos espacios protegidos.

Ya en el Senado, los ecologistas y los grupos de la oposición censuraron que el PP introdujera una enmienda que permitía ‘sine die’ las actividades prohibidas en los parques nacionales, como la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y comercial, la tala con fines comerciales; aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación y redes energéticas; las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura.

Una posterior enmienda de los populares limitaba estas actividades prohibidas a 2020, en lugar de 2017, como aparece recogido en la ley de 2007, salvo que las administraciones públicas y los propietarios de fincas privadas de los parques nacionales lleguen a acuerdos voluntarios por los que aquéllas deben indemnizar a estos por no permitirles realizar esas actividades prohibidas.

En su vuelta al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, todos los portavoces de la oposición volvieron a manifestar su rechazo al texto.

Actualmente, España cuenta con 15 parques nacionales, que ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas y acogen una gran riqueza de fauna y vegetación. La última incorporación fue el de la Sierra de Guadarrama (33.960 hectáreas), entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, tras una tramitación de 10 años que concluyó en junio del año pasado.

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